Érika Ramírez / Mayela Sánchez
Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Sin embargo, en los hechos se constata lo opuesto, explica: “En 2008, el 38 por ciento de la electricidad estatal fue producida por empresas extranjeras. Esto, además, bajo un proceso en el que se ha hecho una sobreinversión en el sector de parte de estas empresas privadas, con un extraordinario costo financiero para el país, porque la Comisión Federal de Electricidad paga a estas trasnacionales a una tasa de 12.5 por ciento anual en dólares, que de haberlo hecho la propia CFE habría tenido una tasa anual de interés de 6 por ciento. De forma tal que hay una sobreinversión, porque están por encima de la demanda actual”.
Por otro lado, dice, aplican una política “antinacional” de sustituir las tareas sustantivas de los organismos, que la propia Constitución establece como tareas exclusivas del sector público. “Se ha llevado a cabo en la práctica, con modificaciones a las leyes secundarias, para que sean las empresas particulares nacionales y extranjeras las que lleven a cabo estas tareas exclusivas del Estado”.
Explica que esto tiene costos, porque la forma de producción de electricidad de los inversionistas privados se ha orientado al establecimiento de plantas de ciclo combinado, que funcionan con gas natural, y esta opción tecnológica ha sido “crecientemente costosa, pues el precio del gas natural determina el precio de la tarifa eléctrica”, de manera que si la Comisión Federal de Electricidad hubiera utilizado combustóleo, el precio de la electricidad habría sido menor.
“En México, el 42 por ciento de los energéticos utilizados para producir electricidad corresponde al gas natural”, indican datos del ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, exgerente general divisional de la CFE por más de 30 años.
Apodaca también ha señalado el desaprovechamiento de carbón para generar electricidad, una opción mucho más barata, disponible en Coahuila con reservas para unos 30 años. “A todas estas opciones se han dejado de lado con el propósito de abrir las inversiones a empresas extranjeras que utilizan tecnología de plantas de ciclo combinado y que nos han resultado muy caras”, dice Montoya Martín del Campo.
El SME
Alejandro Vega dice que la intención del gobierno federal de acabar con el SME corresponde a que este tipo de organizaciones “democráticas e independientes” se han mantenido, desde hace 20 años, en contra de los procesos de privatización del sector público. Entre ellos, destaca el investigador del CILAS, la imposición de una reforma laboral lesiva para los trabajadores y la privatización del sector energético.
La afectación laboral y económica para la gente es terrible y brutal, en una situación de crisis de empleo en el país, de cada vez menos oportunidades, “lanzar a más de 42 mil gentes a la calle es una acción criminal”.
Agustín Rodríguez, secretario general del sindicato de la UNAM y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, advierte que el gobierno está “limpiando” el camino para generar las condiciones de la reforma laboral, “que no va a dar pie para que se formen organizaciones sindicales, ya que la individualización del trabajo y la contratación temporal lo que menos requiere es la organización de los trabajadores”.
La consecuencia de ello sería la violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
El dirigente de los trabajadores universitarios explica que el asunto de Luz y Fuerza del Centro “no es algo novedoso, en 1995 se creó para entrar en el proceso de liquidación y fusión de las compañías de luz que existían en aquella época. Todo iba en la orientación de fusionarlas para tener una sola de carácter nacional, administrada por el Estado”. No obstante, es “preocupante para todos los sindicatos ver cómo se desarticula a un sindicato, cancela una fuente de trabajo y desestima a un instrumento bilateral como lo es un contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores debemos unirnos en un gran frente sindical que pueda hacer frente a este tipo de acciones y represión hacia las organizaciones sindicales”.
Aguirre Rojas, investigador del IIS de la UNAM, añade: “Se está queriendo volver al viejo modelo sindical de Fidel Velázquez, de domesticación absoluta, donde la clase obrera y todos los sindicatos tienen que apoyar acrítica e incondicionalmente cualquier decisión del Estado, y quien no se alinee en esa perspectiva, será golpeado”.
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista dice que el decreto presidencial es una “provocación” a la población, y es hora de que todas las organizaciones obreras y campesinas “defendamos a una de las empresas estratégicas del Estado, desmantelada por sus propios administradores y no por los trabajadores”.
El líder agrario que caminó junto con los electricistas en la primera manifestación de rechazo a la “extinción” de LFC opina que la administración “fascista” de Calderón Hinojosa no puede más que sostenerse con el apoyo del “garrote”, representado por las fuerzas armadas.
El decreto es “una confesión de la incapacidad administrativa de los gobiernos panistas; aceptan su incapacidad de hacer productiva una empresa como administradores desde el sexenio de Vicente Fox”, dice.
“Se pretende dar un golpe a un sindicato democrático y revolucionario. Debería ubicar las empresas y empresarios que no pagan las tarifas eléctricas para destapar toda la podredumbre que están en las altas esferas de la compañía.”
Gobernar con el “garrote”
Alejandro Vega, miembro directivo del CILAS, coincide con el académico universitario y dice que, con la entrada de la Policía Federal a los puestos de trabajo de los electricistas, Felipe Calderón muestra su fuerza, y el mensaje es: “Cualquier tipo de protesta social, en oposición al gobierno, va a ser respondida con la fuerza militar”.
El pretexto para expandir al ejército a lo largo del país, dice, ha sido el combate contra la delincuencia organizada, pero los avances son “nulos”. Una nota del reportero Gustavo Castillo García, del periódico La Jornada, indica que hasta el mismo 10 de octubre se habían registrado más de 5 mil 500 ejecuciones en el país. Castillo García documenta, con informes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de enero a octubre de este año habían sido asesinadas 5 mil 570 personas “por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
La cifra supera las 15 mil 400 en lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo.
Prestaciones “de ley”
Entre los argumentos del gobierno federal para proceder a la liquidación del organismo descentralizado, se expone que registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, indica el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Alejandro Vega, investigador del CILAS, dice que los trabajadores de Luz y Fuerza sólo tienen salarios que les permiten sobrevivir. “Pudieran parecer altos, si los comparamos con los dos salarios mínimos que tienen los obreros en México y con jornadas dignas, comparadas al modelo de 12 horas laborales que se está imponiendo, como antes de la Revolución”.
El problema para la administración pública, dice, es que los electricistas tienen condiciones de trabajo “medianamente decentes. El gobierno quisiera que estuvieran en las condiciones infrahumanas en que está la gran mayoría de los trabajadores del país. No es que sean privilegiados, sino es que tienen todo lo que debiéramos tener todos”.
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