Somos trabajadores del SME y del Pregon en contra del decreto Inconstitucional que pretende extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Nuestro objetivo es romper el cerco informativo que nos aísla como individuos con conciencia de clase y trabajadores de Luz y Fuerza del Centro afectados con esta medida arbitraria. Te invitamos a que juntos construyamos este espacio, mandando información al correo-e tirano3@gmail.com Informate, Organizate y Resiste
domingo, 31 de enero de 2010
sábado, 23 de enero de 2010
Se trasmite primer progama de Resistencia Electrica Cuernavaca
Estamos transmiteido prorama en Radioamlo!!!!
viernes, 22 de enero de 2010
TRABAJADORES DEBEN SER REINSTALADOS, AL SERVICIO DE CFE: LA JORNADA
Trabajadores deben ser reinstalados, al servicio de CFE: abogado
Idalia Peña Cristo hará proyecto sobre amparo solicitado por electricistas
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010, p. 7
El cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo, integrado por tres magistrados de circuito, designó a Idalia Peña Cristo como encargada de realizar un proyecto de resolución relativo al juicio de amparo en revisión tramitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En tanto, el mismo tribunal publicará este viernes un acuerdo de notificación dirigido a las autoridades señaladas en ese litigio como responsables de haber violado las garantías de más de 40 mil trabajadores de LFC –entre ellas el presidente Felipe Calderón–, para que en un plazo máximo de cinco días hábiles informen al órgano jurisdiccional si se adhieren al recurso de revisión planteado por el SME contra el fallo de la juez Guillermina Coutiño Mata con el que negó el amparo a miles de electricistas.
De acuerdo con Roberto Terrazas Salgado, doctor en derecho, profesor en materia laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del equipo de abogados del SME, el tribunal colegiado tiene que resolver a más tardar en la segunda semana de febrero una cuestión de legalidad que se reclama en ese litigio, para que a finales de ese mes sea turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo relativo a las cuestiones de constitucionalidad impugnadas en la demanda de garantías.
“Este juicio de amparo tiene que llegar necesariamente a la SCJN porque se trata de un amparo contra el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El tribunal colegiado no puede decidir si lo que dijo la jueza es correcto o no, porque el único tribunal de constitucionalidad que existe en México es la Suprema Corte”, dijo en entrevista con La Jornada el jurista, quien fue magistrado de circuito y secretario de estudio y cuenta del máximo tribunal del país en 1983.
Terrazas Salgado precisó que “el Presidente y las autoridades responsables van a tener cinco días hábiles para adherirse al recurso de revisión, porque sólo así podrán defenderse en la Corte. Si no lo hacen en tiempo y forma, habrán perdido su derecho de alegar cualquier cosa ante la SCJN”.
A decir del litigante, el tribunal colegiado únicamente va a estudiar un tema relativo a que la jueza Coutiño dijo que hay 6 mil 835 trabajadores que no demostraron su relación con LFC, “cuando están las constancias allí de que sí hay relación laboral y la jueza no las quiso abrir”.
Tema para el pleno de ministros
Según el litigante, este juicio de amparo en revisión no es un tema que le corresponda conocer a la segunda sala de la Corte –que revisa litigios en materia laboral–, sino al pleno de 11 ministros, porque la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que fue impugnada, es una norma federal, y no existe precedente sobre un caso similar en el que el pleno se haya pronunciado antes.
El abogado estuvo en las instalaciones del cuarto tribunal colegiado laboral, y concertó una cita para el próximo miércoles con los tres magistrados que lo integran.
Luego de la visita, el litigante aclaró: “nuestro único objetivo como asesores jurídicos de Martín Esparza es que los quejosos en este amparo que al final del juicio subsistan como trabajadores sin haberse liquidado, que ya van a ser, no sé, 15 mil o 10 mil, sean reinstalados en sus puestos de trabajo, pero ahora al servicio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las funciones que venían desempeñando, y que se reconozca al SME como asociación sindical, porque eso sí lo garantiza la Constitución”.
–¿Será difícil revivir a LFC aún ganando este amparo? –se preguntó al jurista.
–Es imposible. Y ni siquiera lo estamos pidiendo. No va a revivir LFC. Lo que debió hacer el Presidente, si quería subsanar cuestiones financieras de Luz y Fuerza, no era correr a sus trabajadores y liquidar a la empresa, sino darles un patrón sustituto y que siguieran prestando sus servicios.
“Hay otro asunto importante. La Corte ha venido manejando un criterio desde 2005, en el sentido de que sobre las leyes generales, e incluso a veces sobre la Constitución, deben prevalecer los tratados internacionales.
“Esto es importante porque el tratado número 87 de México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice textual que en ningún caso se podrá disolver una asociación de trabajadores, ni de patrones, por vía administrativa.
“¿Y qué fue lo que hizo el presidente Calderón en el artículo cuatro del decreto de desincorporación de LFC? Pues simplemente liquidó ese decreto y liquidó a todos los trabajadores por vía administrativa.
“De acuerdo con el criterio de la Corte, el Presidente debió haberse ceñido al tratado internacional y, sin embargo, no lo hizo; por tanto, procede el amparo.”
Idalia Peña Cristo hará proyecto sobre amparo solicitado por electricistas
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010, p. 7
El cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo, integrado por tres magistrados de circuito, designó a Idalia Peña Cristo como encargada de realizar un proyecto de resolución relativo al juicio de amparo en revisión tramitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En tanto, el mismo tribunal publicará este viernes un acuerdo de notificación dirigido a las autoridades señaladas en ese litigio como responsables de haber violado las garantías de más de 40 mil trabajadores de LFC –entre ellas el presidente Felipe Calderón–, para que en un plazo máximo de cinco días hábiles informen al órgano jurisdiccional si se adhieren al recurso de revisión planteado por el SME contra el fallo de la juez Guillermina Coutiño Mata con el que negó el amparo a miles de electricistas.
De acuerdo con Roberto Terrazas Salgado, doctor en derecho, profesor en materia laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del equipo de abogados del SME, el tribunal colegiado tiene que resolver a más tardar en la segunda semana de febrero una cuestión de legalidad que se reclama en ese litigio, para que a finales de ese mes sea turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo relativo a las cuestiones de constitucionalidad impugnadas en la demanda de garantías.
“Este juicio de amparo tiene que llegar necesariamente a la SCJN porque se trata de un amparo contra el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El tribunal colegiado no puede decidir si lo que dijo la jueza es correcto o no, porque el único tribunal de constitucionalidad que existe en México es la Suprema Corte”, dijo en entrevista con La Jornada el jurista, quien fue magistrado de circuito y secretario de estudio y cuenta del máximo tribunal del país en 1983.
Terrazas Salgado precisó que “el Presidente y las autoridades responsables van a tener cinco días hábiles para adherirse al recurso de revisión, porque sólo así podrán defenderse en la Corte. Si no lo hacen en tiempo y forma, habrán perdido su derecho de alegar cualquier cosa ante la SCJN”.
A decir del litigante, el tribunal colegiado únicamente va a estudiar un tema relativo a que la jueza Coutiño dijo que hay 6 mil 835 trabajadores que no demostraron su relación con LFC, “cuando están las constancias allí de que sí hay relación laboral y la jueza no las quiso abrir”.
Tema para el pleno de ministros
Según el litigante, este juicio de amparo en revisión no es un tema que le corresponda conocer a la segunda sala de la Corte –que revisa litigios en materia laboral–, sino al pleno de 11 ministros, porque la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que fue impugnada, es una norma federal, y no existe precedente sobre un caso similar en el que el pleno se haya pronunciado antes.
El abogado estuvo en las instalaciones del cuarto tribunal colegiado laboral, y concertó una cita para el próximo miércoles con los tres magistrados que lo integran.
Luego de la visita, el litigante aclaró: “nuestro único objetivo como asesores jurídicos de Martín Esparza es que los quejosos en este amparo que al final del juicio subsistan como trabajadores sin haberse liquidado, que ya van a ser, no sé, 15 mil o 10 mil, sean reinstalados en sus puestos de trabajo, pero ahora al servicio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las funciones que venían desempeñando, y que se reconozca al SME como asociación sindical, porque eso sí lo garantiza la Constitución”.
–¿Será difícil revivir a LFC aún ganando este amparo? –se preguntó al jurista.
–Es imposible. Y ni siquiera lo estamos pidiendo. No va a revivir LFC. Lo que debió hacer el Presidente, si quería subsanar cuestiones financieras de Luz y Fuerza, no era correr a sus trabajadores y liquidar a la empresa, sino darles un patrón sustituto y que siguieran prestando sus servicios.
“Hay otro asunto importante. La Corte ha venido manejando un criterio desde 2005, en el sentido de que sobre las leyes generales, e incluso a veces sobre la Constitución, deben prevalecer los tratados internacionales.
“Esto es importante porque el tratado número 87 de México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice textual que en ningún caso se podrá disolver una asociación de trabajadores, ni de patrones, por vía administrativa.
“¿Y qué fue lo que hizo el presidente Calderón en el artículo cuatro del decreto de desincorporación de LFC? Pues simplemente liquidó ese decreto y liquidó a todos los trabajadores por vía administrativa.
“De acuerdo con el criterio de la Corte, el Presidente debió haberse ceñido al tratado internacional y, sin embargo, no lo hizo; por tanto, procede el amparo.”
MAS DE 238 DENUNCIAS CONTRA DIRIGENTES DEL SME, LA JORNADA
Asegura que fuentes de la PGR le informaron que existen 238 denuncias contra dirigentes.
Trama el gobierno encarcelar a líderes del SME, denuncia Martín Esparza
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder 238 denuncias presentadas contra dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo que hace suponer la intención gubernamental de encarcelarlos y reprimir las acciones que realizan en defensa de su fuente de empleo, señaló el líder del gremio, Martín Esparza.
Agregó que fuentes de la propia PGR les revelaron lo anterior y le advirtieron que se prepara el escenario para detener y encarcelas en los próximos días a diversos líderes del sindicato.
En conferencia de prensa, indicó que hay demandas y averiguaciones contra él mismo, por lo que los abogados de la organización ya iniciaron los procesos de amparo respectivos, ya que si bien las acciones de lucha de los electricistas por recuperar su trabajo “son pacíficas”, tampoco van a frenar sus movilizaciones, ni a callar su voz.
Sabotaje y acopio de armas, entre los delitos imputados
En las denuncias se imputa a los representantes sindicales “sabotajes”, “acopio de armas” y “atentados contra instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, por lo que no se descarta que funcionarios de la dependencia hayan presentado dichas demandas.
Esparza se reunió ayer con ex secretarios generales del sindicato y miembros de comités ejecutivos anteriores para delinear algunas estrategias.
Confirmó que este viernes asistirán a la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, donde exigirán que no se intente la persecución penal de los líderes, que el conflicto se dirima por cauces jurídicos y que se busque una salida negociada, porque de lo contrario éste se podría “polarizar”.
El sindicato tampoco quitará el dedo del renglón en demandar la entrega del aguinaldo y el fondo de ahorro a los trabajadores que no se han jubilado, que se jubile a los electricistas que ya estaban en trámite de hacerlo y que se les regresen sus pertenencias
El SME busca –por medio de la revisión del amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los amparos individuales y colectivos de los trabajadores y de las denuncias ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y el TLC– resolver por vía legal, pero al parecer existe la intención de criminalizar la protesta del sindicato, explicó.
Todo indica, sostuvo, que no hay voluntad política para alcanzar una negociación que dé punto final al conflicto.
El sindicato “hace responsable al gobierno federal de la persecución y posible encarcelamiento de sus dirigentes y demás miembros del comité central”, agregó.
Al parecer, abundó, la intención es llevar “hasta las últimas consecuencias” la campaña de linchamiento y satanización que el gobierno emprendió contra los electricistas.
En cuanto a la marcha que diversos sindicatos llevarán a cabo el día 29 de enero –para rechazar la política del gobierno de Felipe Calderón, el desempleo, la carestía, los incrementos de impuestos y las acciones emprendidas contra los sindicatos democráticos del país–, Esparza indicó que el SME va a participar en la movilización y su propuesta es que ésta parta del Ángel de la Independencia y concluya en Los Pinos.
No obstante, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores han planteado que la marcha corra del Monumento a la Revolución al Zócalo, por lo que el recorrido final todavía será revisado está semana.
En la conferencia de prensa se señaló que existen muestras de intolerancia contra el gremio, ya que, por ejemplo, en la planta de Lechería, en Cuautitlán Izcalli, policías les quitaron sus cámaras de video a trabajadores que intentaban grabar el saqueo de material de esta unidad.
En Hidalgo, afirmaron, policías se fueron contra reporteros del diario Plaza Juárez, el semanario La Voz Distrital y otros medios de comunicación cuando grababan la salida de material de instalaciones eléctricas.
Esparza señaló que el SME continuará denunciando esos ataques. Añadió que el sindicato ya presentó una demanda “contra quién resulte responsable” de esos ilícitos, porque prácticamente están “vaciando” todos los centros de trabajo.
Trama el gobierno encarcelar a líderes del SME, denuncia Martín Esparza
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2010, p. 7
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder 238 denuncias presentadas contra dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo que hace suponer la intención gubernamental de encarcelarlos y reprimir las acciones que realizan en defensa de su fuente de empleo, señaló el líder del gremio, Martín Esparza.
Agregó que fuentes de la propia PGR les revelaron lo anterior y le advirtieron que se prepara el escenario para detener y encarcelas en los próximos días a diversos líderes del sindicato.
En conferencia de prensa, indicó que hay demandas y averiguaciones contra él mismo, por lo que los abogados de la organización ya iniciaron los procesos de amparo respectivos, ya que si bien las acciones de lucha de los electricistas por recuperar su trabajo “son pacíficas”, tampoco van a frenar sus movilizaciones, ni a callar su voz.
Sabotaje y acopio de armas, entre los delitos imputados
En las denuncias se imputa a los representantes sindicales “sabotajes”, “acopio de armas” y “atentados contra instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, por lo que no se descarta que funcionarios de la dependencia hayan presentado dichas demandas.
Esparza se reunió ayer con ex secretarios generales del sindicato y miembros de comités ejecutivos anteriores para delinear algunas estrategias.
Confirmó que este viernes asistirán a la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, donde exigirán que no se intente la persecución penal de los líderes, que el conflicto se dirima por cauces jurídicos y que se busque una salida negociada, porque de lo contrario éste se podría “polarizar”.
El sindicato tampoco quitará el dedo del renglón en demandar la entrega del aguinaldo y el fondo de ahorro a los trabajadores que no se han jubilado, que se jubile a los electricistas que ya estaban en trámite de hacerlo y que se les regresen sus pertenencias
El SME busca –por medio de la revisión del amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los amparos individuales y colectivos de los trabajadores y de las denuncias ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y el TLC– resolver por vía legal, pero al parecer existe la intención de criminalizar la protesta del sindicato, explicó.
Todo indica, sostuvo, que no hay voluntad política para alcanzar una negociación que dé punto final al conflicto.
El sindicato “hace responsable al gobierno federal de la persecución y posible encarcelamiento de sus dirigentes y demás miembros del comité central”, agregó.
Al parecer, abundó, la intención es llevar “hasta las últimas consecuencias” la campaña de linchamiento y satanización que el gobierno emprendió contra los electricistas.
En cuanto a la marcha que diversos sindicatos llevarán a cabo el día 29 de enero –para rechazar la política del gobierno de Felipe Calderón, el desempleo, la carestía, los incrementos de impuestos y las acciones emprendidas contra los sindicatos democráticos del país–, Esparza indicó que el SME va a participar en la movilización y su propuesta es que ésta parta del Ángel de la Independencia y concluya en Los Pinos.
No obstante, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores han planteado que la marcha corra del Monumento a la Revolución al Zócalo, por lo que el recorrido final todavía será revisado está semana.
En la conferencia de prensa se señaló que existen muestras de intolerancia contra el gremio, ya que, por ejemplo, en la planta de Lechería, en Cuautitlán Izcalli, policías les quitaron sus cámaras de video a trabajadores que intentaban grabar el saqueo de material de esta unidad.
En Hidalgo, afirmaron, policías se fueron contra reporteros del diario Plaza Juárez, el semanario La Voz Distrital y otros medios de comunicación cuando grababan la salida de material de instalaciones eléctricas.
Esparza señaló que el SME continuará denunciando esos ataques. Añadió que el sindicato ya presentó una demanda “contra quién resulte responsable” de esos ilícitos, porque prácticamente están “vaciando” todos los centros de trabajo.
jueves, 21 de enero de 2010
miércoles, 20 de enero de 2010
DENUNCIAMOS ACTOS CRIMINALES DE CFE, Y SUS CONTRATISTAS
PENOSAMENTE ESTA ES LA REALIDAD DEL PERSONAL INEXPERTO DE CFE
PIERDE LA VIDA, POR INEXPERIENCIA, FALTA DE CONOCIMIENTO Y EQUIPO, ALGUNOS SON CENTROAMERICANOS
OTRO CASO MÁS EN LA CALLE JORGE NEGRETE
EN EL DF
MARTIN EN CUERNAVACA
PROGRAMA DE RADIO
EL CHORO MATUTINO
RUEDA DE PRENSA DE MARTIN ESPARZA
EN COMPAÑIA SUBCOMITÉ
¿Qué es Resistencia Eléctrica Cuernava?
Somos trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y compañeros del Pregón Morelos. Estamos en contra del Decreto Inconstitucional que pretende extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Esta acción inconstitucional se inscribe dentro de las políticas neoliberales, que no son privativas del PAN, sino también del PRI, que entregan la soberanía nacional a los grandes capitales extranjeros y a la oligarquía nacional. Afectando a la mayoría de los mexicanos.
Nuestro objetivo:
Romper el cerco informativo que nos aísla como individuos con conciencia de clase y trabajadores de Luz y Fuerza del Centro afectados con esta medida arbitraria que dejó a más de 44 mil trabajadores sin empleo a nivel general y 749 activos y 750 jubilados en el estado de Morelos.
Y que sirva esté medio para tener comunicación con otras luchas al interior del estado así como al exterior. Reconociendo así una necesidad de unirnos en la lucha contra los traidores de la patria.
Te invitamos a que juntos construyamos este espacio de información y discución, mandando: textos, spot, videos, link de otras páginas al correo electónico tirano3@gmail.com.
Informate, Organizate y Resiste
Golpe al SME: rumbo al estallido social, Érika Ramírez
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al sindicato más aguerrido de México aglutina a las corrientes más disímbolas del centro y la izquierda del país. Lo que se percibe como el inicio del desmantelamiento de la industria energética nacional ya permitió el reencuentro del SME con la CNTE, sectores de La Otra Campaña, la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el lopezobradorismo y hasta organizaciones del viejo corporativismo priista. Además, reactivó el movimiento estudiantil en la UNAM, las normales rurales, la UAM y el Politécnico. “Todo eso se esperaba”, declaró el secretario del Trabajo Javier Lozano ante un escenario de 80 millones de pobres –20 de ellos en pobreza alimentaria–, 1 millón de nuevos despedidos y la peor debacle del PIB de la que se tenga memoria. Un estallido social está a punto de ocurrir, advierten investigadores
Érika Ramírez / Mayela Sánchez
Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Sin embargo, en los hechos se constata lo opuesto, explica: “En 2008, el 38 por ciento de la electricidad estatal fue producida por empresas extranjeras. Esto, además, bajo un proceso en el que se ha hecho una sobreinversión en el sector de parte de estas empresas privadas, con un extraordinario costo financiero para el país, porque la Comisión Federal de Electricidad paga a estas trasnacionales a una tasa de 12.5 por ciento anual en dólares, que de haberlo hecho la propia CFE habría tenido una tasa anual de interés de 6 por ciento. De forma tal que hay una sobreinversión, porque están por encima de la demanda actual”.
Por otro lado, dice, aplican una política “antinacional” de sustituir las tareas sustantivas de los organismos, que la propia Constitución establece como tareas exclusivas del sector público. “Se ha llevado a cabo en la práctica, con modificaciones a las leyes secundarias, para que sean las empresas particulares nacionales y extranjeras las que lleven a cabo estas tareas exclusivas del Estado”.
Explica que esto tiene costos, porque la forma de producción de electricidad de los inversionistas privados se ha orientado al establecimiento de plantas de ciclo combinado, que funcionan con gas natural, y esta opción tecnológica ha sido “crecientemente costosa, pues el precio del gas natural determina el precio de la tarifa eléctrica”, de manera que si la Comisión Federal de Electricidad hubiera utilizado combustóleo, el precio de la electricidad habría sido menor.
“En México, el 42 por ciento de los energéticos utilizados para producir electricidad corresponde al gas natural”, indican datos del ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, exgerente general divisional de la CFE por más de 30 años.
Apodaca también ha señalado el desaprovechamiento de carbón para generar electricidad, una opción mucho más barata, disponible en Coahuila con reservas para unos 30 años. “A todas estas opciones se han dejado de lado con el propósito de abrir las inversiones a empresas extranjeras que utilizan tecnología de plantas de ciclo combinado y que nos han resultado muy caras”, dice Montoya Martín del Campo.
El SME
Alejandro Vega dice que la intención del gobierno federal de acabar con el SME corresponde a que este tipo de organizaciones “democráticas e independientes” se han mantenido, desde hace 20 años, en contra de los procesos de privatización del sector público. Entre ellos, destaca el investigador del CILAS, la imposición de una reforma laboral lesiva para los trabajadores y la privatización del sector energético.
La afectación laboral y económica para la gente es terrible y brutal, en una situación de crisis de empleo en el país, de cada vez menos oportunidades, “lanzar a más de 42 mil gentes a la calle es una acción criminal”.
Agustín Rodríguez, secretario general del sindicato de la UNAM y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, advierte que el gobierno está “limpiando” el camino para generar las condiciones de la reforma laboral, “que no va a dar pie para que se formen organizaciones sindicales, ya que la individualización del trabajo y la contratación temporal lo que menos requiere es la organización de los trabajadores”.
La consecuencia de ello sería la violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
El dirigente de los trabajadores universitarios explica que el asunto de Luz y Fuerza del Centro “no es algo novedoso, en 1995 se creó para entrar en el proceso de liquidación y fusión de las compañías de luz que existían en aquella época. Todo iba en la orientación de fusionarlas para tener una sola de carácter nacional, administrada por el Estado”. No obstante, es “preocupante para todos los sindicatos ver cómo se desarticula a un sindicato, cancela una fuente de trabajo y desestima a un instrumento bilateral como lo es un contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores debemos unirnos en un gran frente sindical que pueda hacer frente a este tipo de acciones y represión hacia las organizaciones sindicales”.
Aguirre Rojas, investigador del IIS de la UNAM, añade: “Se está queriendo volver al viejo modelo sindical de Fidel Velázquez, de domesticación absoluta, donde la clase obrera y todos los sindicatos tienen que apoyar acrítica e incondicionalmente cualquier decisión del Estado, y quien no se alinee en esa perspectiva, será golpeado”.
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista dice que el decreto presidencial es una “provocación” a la población, y es hora de que todas las organizaciones obreras y campesinas “defendamos a una de las empresas estratégicas del Estado, desmantelada por sus propios administradores y no por los trabajadores”.
El líder agrario que caminó junto con los electricistas en la primera manifestación de rechazo a la “extinción” de LFC opina que la administración “fascista” de Calderón Hinojosa no puede más que sostenerse con el apoyo del “garrote”, representado por las fuerzas armadas.
El decreto es “una confesión de la incapacidad administrativa de los gobiernos panistas; aceptan su incapacidad de hacer productiva una empresa como administradores desde el sexenio de Vicente Fox”, dice.
“Se pretende dar un golpe a un sindicato democrático y revolucionario. Debería ubicar las empresas y empresarios que no pagan las tarifas eléctricas para destapar toda la podredumbre que están en las altas esferas de la compañía.”
Gobernar con el “garrote”
Alejandro Vega, miembro directivo del CILAS, coincide con el académico universitario y dice que, con la entrada de la Policía Federal a los puestos de trabajo de los electricistas, Felipe Calderón muestra su fuerza, y el mensaje es: “Cualquier tipo de protesta social, en oposición al gobierno, va a ser respondida con la fuerza militar”.
El pretexto para expandir al ejército a lo largo del país, dice, ha sido el combate contra la delincuencia organizada, pero los avances son “nulos”. Una nota del reportero Gustavo Castillo García, del periódico La Jornada, indica que hasta el mismo 10 de octubre se habían registrado más de 5 mil 500 ejecuciones en el país. Castillo García documenta, con informes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de enero a octubre de este año habían sido asesinadas 5 mil 570 personas “por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
La cifra supera las 15 mil 400 en lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo.
Prestaciones “de ley”
Entre los argumentos del gobierno federal para proceder a la liquidación del organismo descentralizado, se expone que registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, indica el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Alejandro Vega, investigador del CILAS, dice que los trabajadores de Luz y Fuerza sólo tienen salarios que les permiten sobrevivir. “Pudieran parecer altos, si los comparamos con los dos salarios mínimos que tienen los obreros en México y con jornadas dignas, comparadas al modelo de 12 horas laborales que se está imponiendo, como antes de la Revolución”.
El problema para la administración pública, dice, es que los electricistas tienen condiciones de trabajo “medianamente decentes. El gobierno quisiera que estuvieran en las condiciones infrahumanas en que está la gran mayoría de los trabajadores del país. No es que sean privilegiados, sino es que tienen todo lo que debiéramos tener todos”.
Érika Ramírez / Mayela Sánchez
Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Sin embargo, en los hechos se constata lo opuesto, explica: “En 2008, el 38 por ciento de la electricidad estatal fue producida por empresas extranjeras. Esto, además, bajo un proceso en el que se ha hecho una sobreinversión en el sector de parte de estas empresas privadas, con un extraordinario costo financiero para el país, porque la Comisión Federal de Electricidad paga a estas trasnacionales a una tasa de 12.5 por ciento anual en dólares, que de haberlo hecho la propia CFE habría tenido una tasa anual de interés de 6 por ciento. De forma tal que hay una sobreinversión, porque están por encima de la demanda actual”.
Por otro lado, dice, aplican una política “antinacional” de sustituir las tareas sustantivas de los organismos, que la propia Constitución establece como tareas exclusivas del sector público. “Se ha llevado a cabo en la práctica, con modificaciones a las leyes secundarias, para que sean las empresas particulares nacionales y extranjeras las que lleven a cabo estas tareas exclusivas del Estado”.
Explica que esto tiene costos, porque la forma de producción de electricidad de los inversionistas privados se ha orientado al establecimiento de plantas de ciclo combinado, que funcionan con gas natural, y esta opción tecnológica ha sido “crecientemente costosa, pues el precio del gas natural determina el precio de la tarifa eléctrica”, de manera que si la Comisión Federal de Electricidad hubiera utilizado combustóleo, el precio de la electricidad habría sido menor.
“En México, el 42 por ciento de los energéticos utilizados para producir electricidad corresponde al gas natural”, indican datos del ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, exgerente general divisional de la CFE por más de 30 años.
Apodaca también ha señalado el desaprovechamiento de carbón para generar electricidad, una opción mucho más barata, disponible en Coahuila con reservas para unos 30 años. “A todas estas opciones se han dejado de lado con el propósito de abrir las inversiones a empresas extranjeras que utilizan tecnología de plantas de ciclo combinado y que nos han resultado muy caras”, dice Montoya Martín del Campo.
El SME
Alejandro Vega dice que la intención del gobierno federal de acabar con el SME corresponde a que este tipo de organizaciones “democráticas e independientes” se han mantenido, desde hace 20 años, en contra de los procesos de privatización del sector público. Entre ellos, destaca el investigador del CILAS, la imposición de una reforma laboral lesiva para los trabajadores y la privatización del sector energético.
La afectación laboral y económica para la gente es terrible y brutal, en una situación de crisis de empleo en el país, de cada vez menos oportunidades, “lanzar a más de 42 mil gentes a la calle es una acción criminal”.
Agustín Rodríguez, secretario general del sindicato de la UNAM y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, advierte que el gobierno está “limpiando” el camino para generar las condiciones de la reforma laboral, “que no va a dar pie para que se formen organizaciones sindicales, ya que la individualización del trabajo y la contratación temporal lo que menos requiere es la organización de los trabajadores”.
La consecuencia de ello sería la violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
El dirigente de los trabajadores universitarios explica que el asunto de Luz y Fuerza del Centro “no es algo novedoso, en 1995 se creó para entrar en el proceso de liquidación y fusión de las compañías de luz que existían en aquella época. Todo iba en la orientación de fusionarlas para tener una sola de carácter nacional, administrada por el Estado”. No obstante, es “preocupante para todos los sindicatos ver cómo se desarticula a un sindicato, cancela una fuente de trabajo y desestima a un instrumento bilateral como lo es un contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores debemos unirnos en un gran frente sindical que pueda hacer frente a este tipo de acciones y represión hacia las organizaciones sindicales”.
Aguirre Rojas, investigador del IIS de la UNAM, añade: “Se está queriendo volver al viejo modelo sindical de Fidel Velázquez, de domesticación absoluta, donde la clase obrera y todos los sindicatos tienen que apoyar acrítica e incondicionalmente cualquier decisión del Estado, y quien no se alinee en esa perspectiva, será golpeado”.
Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista dice que el decreto presidencial es una “provocación” a la población, y es hora de que todas las organizaciones obreras y campesinas “defendamos a una de las empresas estratégicas del Estado, desmantelada por sus propios administradores y no por los trabajadores”.
El líder agrario que caminó junto con los electricistas en la primera manifestación de rechazo a la “extinción” de LFC opina que la administración “fascista” de Calderón Hinojosa no puede más que sostenerse con el apoyo del “garrote”, representado por las fuerzas armadas.
El decreto es “una confesión de la incapacidad administrativa de los gobiernos panistas; aceptan su incapacidad de hacer productiva una empresa como administradores desde el sexenio de Vicente Fox”, dice.
“Se pretende dar un golpe a un sindicato democrático y revolucionario. Debería ubicar las empresas y empresarios que no pagan las tarifas eléctricas para destapar toda la podredumbre que están en las altas esferas de la compañía.”
Gobernar con el “garrote”
Alejandro Vega, miembro directivo del CILAS, coincide con el académico universitario y dice que, con la entrada de la Policía Federal a los puestos de trabajo de los electricistas, Felipe Calderón muestra su fuerza, y el mensaje es: “Cualquier tipo de protesta social, en oposición al gobierno, va a ser respondida con la fuerza militar”.
El pretexto para expandir al ejército a lo largo del país, dice, ha sido el combate contra la delincuencia organizada, pero los avances son “nulos”. Una nota del reportero Gustavo Castillo García, del periódico La Jornada, indica que hasta el mismo 10 de octubre se habían registrado más de 5 mil 500 ejecuciones en el país. Castillo García documenta, con informes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de enero a octubre de este año habían sido asesinadas 5 mil 570 personas “por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
La cifra supera las 15 mil 400 en lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo.
Prestaciones “de ley”
Entre los argumentos del gobierno federal para proceder a la liquidación del organismo descentralizado, se expone que registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, indica el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Alejandro Vega, investigador del CILAS, dice que los trabajadores de Luz y Fuerza sólo tienen salarios que les permiten sobrevivir. “Pudieran parecer altos, si los comparamos con los dos salarios mínimos que tienen los obreros en México y con jornadas dignas, comparadas al modelo de 12 horas laborales que se está imponiendo, como antes de la Revolución”.
El problema para la administración pública, dice, es que los electricistas tienen condiciones de trabajo “medianamente decentes. El gobierno quisiera que estuvieran en las condiciones infrahumanas en que está la gran mayoría de los trabajadores del país. No es que sean privilegiados, sino es que tienen todo lo que debiéramos tener todos”.
Cédula de Identidad, “acercarse al fascismo” Autor: Fernando Ortega Pizarro Contralinea 17/01/10
Aunque el Congreso dio por muerta la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana al retirarle recursos del presupuesto, la Secretaría de Gobernación se niega a renunciar a su proyecto; incluso tiene prisa por concretarlo, en virtud de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Pero aún no resuelve escollos previos, tanto legales como de confianza
Fernando Ortega Pizarro
“La cédula de identidad ya murió”, confirma Juan Guerra, exdiputado, asesor de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
En cambio, el analista político José Antonio Crespo considera que “Gobernación no se ha rendido, no ha claudicado. No se ha muerto el proyecto de la cédula”. Lo que vemos, dice, es una lucha de fuerzas entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Congreso, y entre la Segob y el Instituto Federal Electoral (IFE). Este último, por cierto, no quiere que se expida la Cédula de Identidad (Cedi) porque asegura que se vendría abajo la columna vertebral del sistema ciudadano de elecciones, que es el padrón de electores.
Refiere que el IFE y la Segob defienden su propia postura y su propia credencial. Gobernación, estima Crespo, va a conseguir recursos para iniciar el proyecto de la cédula y en este 2010 tratará de obligar al Congreso a que le dé recursos para que no se quede inconcluso.
?¿Habrá una imposición de la cédula?
?Si tiene el apoyo del Congreso, no se puede decir que sea imposición.
?Pero no lo tiene.
?Pues entonces sí.
Silvia Gómez Tagle, profesora del doctorado en ciencias sociales del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, recuerda que la Secretaría de Gobernación sigue siendo una dependencia que responde al mandato del presidente de la república.
“Bueno –dice– sepa usted quién nos toca en turno de presidente…. Ellos pueden tomar decisiones que no están discutidas públicamente ni sometidas a un escrutinio social. Estoy de acuerdo, pero no con las cédulas de identidad de los ciudadanos”.
Refiere que “hay experiencias de muchos países en donde se instauró el fascismo, por ejemplo en Europa, en donde las credenciales de identidad evidentemente tuvieron un uso político muy negativo. Yo creo que en México no queremos acercarnos a ese riesgo”.
A la Secretaría de Gobernación, recuerda, llegaron personas como Patrocinio González Garrido, quien desde este cargo y antes como gobernador de Chiapas “fue un represor tremendo de los movimientos sociales de la entidad, a tal extremo que motivó el levantamiento zapatista”.
Por tanto, continúa, “nada garantiza que no pueda volver a haber otro secretario de este tipo”.
Con el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien lo ligan con el panista Diego Fernández de Cevallos y, por tanto, con Carlos Salinas de Gortari, “podría ser peor”, señala.
La Segob estudia con el IFE la posibilidad de hacer una nueva credencial de elector, a la que se le incorporarían los datos de la Clave Única de Registro de Población y los biométricos, de manera que funcione como documento único de identificación.
Parece más una simulación, en virtud de que la Segob no puede delegar a otra institución su responsabilidad de expedir la cédula a todos los mexicanos y porque el IFE sólo atiende a los ciudadanos mayores de 18 años y está impedido por ley a compartir su base de datos para fines distintos a los electorales.
Además, Gobernación concluyó la licitación de los aparatos biométricos –fotografía, 10 huellas dactilares y la imagen del iris– para la cédula, aunque el ganador resultó impugnado por supuesta corrupción.
La Segob dista mucho de alcanzar la confianza ciudadana que requiere el documento de identidad que pretende aplicar.
Pese a su disposición de acatar las recomendaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para garantizar la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, aún no contrata a un agente español para realizar el estudio respectivo. Se trata de José Luis Piñar, quien en su reciente visita a México aseguró que ningún país recaba la imagen de iris para su cédula de identidad.
“El estudio dirá si se cumple con el principio fundamental de la seguridad de los datos, es decir, que no anden volando por aquí y por allá”, asegura Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI.
El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión del Registro Federal Electoral del IFE, participa en las negociaciones con funcionarios de la Segob, encabezados por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré.
En esas reuniones, Nacif ha observado que, en efecto, hay apremio en Gobernación por concretar un documento de identidad nacional: “Ellos nos han hecho ver que tienen un compromiso con el Acuerdo para la Seguridad y la Legalidad, firmado hace unos meses, y que eso les establece una serie de metas que quieren realizarlas en los plazos que ahí se contemplan. Hay, además, un marco jurídico, una legislación, que les impone responsabilidades; les da atribuciones que quieren cumplir”.
Benito Nacif no está de acuerdo con la prisa de la Segob: “Si se aspira a una política de Estado que garantice el derecho a la identidad y se genere el consenso político necesario y la confianza, la certeza y la credibilidad en estos nuevos instrumentos, se requiere que vayamos más lentamente, pues tendremos qué avanzar así, porque lo importante es conseguir el propósito”.
Desconoce qué solución le va a dar la Secretaría de Gobernación al registro de los ciudadanos menores de 18 años de edad. “El presupuesto les autoriza enrolarlos en el Registro Nacional de Menores, pero no hay recursos autorizados para expedirles la cédula de identidad”.
A Benito Nacif le parece que sería el peor de los mundos si existiera la Cedi, porque “la credencial de elector pierde su validez como documento de identidad, por lo tanto se empezarían a generar problemas serios en términos de cobertura y actualización del padrón, porque el incentivo para inscribirse en él desaparece”.
Aparte del IFE, continúa, “sale perdiendo el ciudadano, porque va a tener que hacer dos trámites para obtener un instrumento para identificarse y otro para votar, y sale perdiendo el erario porque dos documentos es gasto doble”.
En suma, dice, “saldría perdiendo la democracia, porque la calidad de nuestros instrumentos electorales, como el padrón y la lista nominal, va a ir hacia abajo, y ése es nuestro sistema ciudadano de elecciones”.
De por sí, asegura, el padrón electoral tiene problemas de desactualización, ocasionados por las defunciones, la migración hacia el exterior, el cambio de domicilio y la no inscripción de los nuevos ciudadanos al Registro Federal de Electores.
Sin el acuerdo del IFE con Gobernación, enfatiza, “lo que ahora son problemas, se convertirán en pesadillas, y probablemente terminaremos administrando un documento decadente”.
Por otra parte, María Marván, comisionada del IFAI, piensa que la Cedi no debería ligarse jurídicamente con el Centro de Inteligencia de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “La información que está en un centro no deberá pasar a estar en los servidores de Gobernación”. En cambio, continúa, la SSP podría pedir la cédula a una persona que quiera ser policía, para verificar su identidad; es decir, podría servir para identificar a todas las policías municipales, estatales y federales.
“Ésa sería la relación evidente que debería existir. Cualquier otra comunicación tendría que establecerse vía ley”, precisa.
Fernando Ortega Pizarro
“La cédula de identidad ya murió”, confirma Juan Guerra, exdiputado, asesor de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
En cambio, el analista político José Antonio Crespo considera que “Gobernación no se ha rendido, no ha claudicado. No se ha muerto el proyecto de la cédula”. Lo que vemos, dice, es una lucha de fuerzas entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Congreso, y entre la Segob y el Instituto Federal Electoral (IFE). Este último, por cierto, no quiere que se expida la Cédula de Identidad (Cedi) porque asegura que se vendría abajo la columna vertebral del sistema ciudadano de elecciones, que es el padrón de electores.
Refiere que el IFE y la Segob defienden su propia postura y su propia credencial. Gobernación, estima Crespo, va a conseguir recursos para iniciar el proyecto de la cédula y en este 2010 tratará de obligar al Congreso a que le dé recursos para que no se quede inconcluso.
?¿Habrá una imposición de la cédula?
?Si tiene el apoyo del Congreso, no se puede decir que sea imposición.
?Pero no lo tiene.
?Pues entonces sí.
Silvia Gómez Tagle, profesora del doctorado en ciencias sociales del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, recuerda que la Secretaría de Gobernación sigue siendo una dependencia que responde al mandato del presidente de la república.
“Bueno –dice– sepa usted quién nos toca en turno de presidente…. Ellos pueden tomar decisiones que no están discutidas públicamente ni sometidas a un escrutinio social. Estoy de acuerdo, pero no con las cédulas de identidad de los ciudadanos”.
Refiere que “hay experiencias de muchos países en donde se instauró el fascismo, por ejemplo en Europa, en donde las credenciales de identidad evidentemente tuvieron un uso político muy negativo. Yo creo que en México no queremos acercarnos a ese riesgo”.
A la Secretaría de Gobernación, recuerda, llegaron personas como Patrocinio González Garrido, quien desde este cargo y antes como gobernador de Chiapas “fue un represor tremendo de los movimientos sociales de la entidad, a tal extremo que motivó el levantamiento zapatista”.
Por tanto, continúa, “nada garantiza que no pueda volver a haber otro secretario de este tipo”.
Con el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien lo ligan con el panista Diego Fernández de Cevallos y, por tanto, con Carlos Salinas de Gortari, “podría ser peor”, señala.
La Segob estudia con el IFE la posibilidad de hacer una nueva credencial de elector, a la que se le incorporarían los datos de la Clave Única de Registro de Población y los biométricos, de manera que funcione como documento único de identificación.
Parece más una simulación, en virtud de que la Segob no puede delegar a otra institución su responsabilidad de expedir la cédula a todos los mexicanos y porque el IFE sólo atiende a los ciudadanos mayores de 18 años y está impedido por ley a compartir su base de datos para fines distintos a los electorales.
Además, Gobernación concluyó la licitación de los aparatos biométricos –fotografía, 10 huellas dactilares y la imagen del iris– para la cédula, aunque el ganador resultó impugnado por supuesta corrupción.
La Segob dista mucho de alcanzar la confianza ciudadana que requiere el documento de identidad que pretende aplicar.
Pese a su disposición de acatar las recomendaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para garantizar la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, aún no contrata a un agente español para realizar el estudio respectivo. Se trata de José Luis Piñar, quien en su reciente visita a México aseguró que ningún país recaba la imagen de iris para su cédula de identidad.
“El estudio dirá si se cumple con el principio fundamental de la seguridad de los datos, es decir, que no anden volando por aquí y por allá”, asegura Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI.
El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión del Registro Federal Electoral del IFE, participa en las negociaciones con funcionarios de la Segob, encabezados por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré.
En esas reuniones, Nacif ha observado que, en efecto, hay apremio en Gobernación por concretar un documento de identidad nacional: “Ellos nos han hecho ver que tienen un compromiso con el Acuerdo para la Seguridad y la Legalidad, firmado hace unos meses, y que eso les establece una serie de metas que quieren realizarlas en los plazos que ahí se contemplan. Hay, además, un marco jurídico, una legislación, que les impone responsabilidades; les da atribuciones que quieren cumplir”.
Benito Nacif no está de acuerdo con la prisa de la Segob: “Si se aspira a una política de Estado que garantice el derecho a la identidad y se genere el consenso político necesario y la confianza, la certeza y la credibilidad en estos nuevos instrumentos, se requiere que vayamos más lentamente, pues tendremos qué avanzar así, porque lo importante es conseguir el propósito”.
Desconoce qué solución le va a dar la Secretaría de Gobernación al registro de los ciudadanos menores de 18 años de edad. “El presupuesto les autoriza enrolarlos en el Registro Nacional de Menores, pero no hay recursos autorizados para expedirles la cédula de identidad”.
A Benito Nacif le parece que sería el peor de los mundos si existiera la Cedi, porque “la credencial de elector pierde su validez como documento de identidad, por lo tanto se empezarían a generar problemas serios en términos de cobertura y actualización del padrón, porque el incentivo para inscribirse en él desaparece”.
Aparte del IFE, continúa, “sale perdiendo el ciudadano, porque va a tener que hacer dos trámites para obtener un instrumento para identificarse y otro para votar, y sale perdiendo el erario porque dos documentos es gasto doble”.
En suma, dice, “saldría perdiendo la democracia, porque la calidad de nuestros instrumentos electorales, como el padrón y la lista nominal, va a ir hacia abajo, y ése es nuestro sistema ciudadano de elecciones”.
De por sí, asegura, el padrón electoral tiene problemas de desactualización, ocasionados por las defunciones, la migración hacia el exterior, el cambio de domicilio y la no inscripción de los nuevos ciudadanos al Registro Federal de Electores.
Sin el acuerdo del IFE con Gobernación, enfatiza, “lo que ahora son problemas, se convertirán en pesadillas, y probablemente terminaremos administrando un documento decadente”.
Por otra parte, María Marván, comisionada del IFAI, piensa que la Cedi no debería ligarse jurídicamente con el Centro de Inteligencia de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “La información que está en un centro no deberá pasar a estar en los servidores de Gobernación”. En cambio, continúa, la SSP podría pedir la cédula a una persona que quiera ser policía, para verificar su identidad; es decir, podría servir para identificar a todas las policías municipales, estatales y federales.
“Ésa sería la relación evidente que debería existir. Cualquier otra comunicación tendría que establecerse vía ley”, precisa.
sábado, 9 de enero de 2010
¿Qué es resistencia eléctrica Cuernavaca?
Nuestro objetivo:
Romper el cerco informativo que nos aísla como individuos con conciencia de clase y trabajadores de Luz y Fuerza del Centro afectados con esta medida arbitraria que dejó a más de 44 mil trabajadores sin empleo a nivel general y 749 activos y 750 jubilados en el estado de Morelos.
Y que sirva esté medio para tener comunicación con otras luchas al interior del estado así como al exterior. Reconociendo así una necesidad de unirnos en la lucha contra los traidores de la patria.
Te invitamos a que juntos construyamos este espacio, Mandando información de cómo estás resistiendo desde textos, videos, caricaturas, spot, link de páginas de internet,etc.. Mandalo al correo: tirano3@gmail.com
Informate, Organizate y Resiste
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